Gobierno de Francisco Linares Alcántara
De La Venciclopedia
2.3.1877 30.11.1878
Los comicios electorales para la sucesión presidencial de Antonio Guzmán Blanco en el bienio 1877-1879 se iniciaron formalmente en septiembre de 1876. Las 2 candidaturas de mayor fuerza eran las de los generales Hermenegildo G. Zavarce, presidente del estado Coro y Francisco Linares Alcántara, presidente del estado Aragua (entonces denominado estado Guzmán Blanco). La campaña electoral fue marcada por violentos enfrentamientos entre «zavarcistas» y «alcantaristas», sobre todo en los estados Lara, Portuguesa, y Yaracuy. Ninguno de los candidatos en la contienda (además de Zavarce y Linares Alcántara, figuraban los generales José Eusebio Acosta, Domingo Monagas, José Rafael Pacheco, Joaquín Crespo, Juan Antonio Machado, el Chingo, y Jacinto Gutiérrez) logró obtener la mayoría absoluta de estados requerida por el artículo 65 de la Constitución vigente de 1874 y en consecuencia, el Congreso tendría que escoger entre aquellos 2 que hubieren obtenido el mayor número de votos estatales: Zavarce o Linares Alcántara. Aunque el Ilustre Americano se inclinaba inicialmente en favor de Linares Alcántara, no tardó en percatarse que sus enemigos también intentaban un acercamiento con el que muchos consideraban sería su sucesor. Pero la decisiva intervención de su esposa, Ana Teresa Ibarra, logró que Guzmán Blanco echara a un lado sus sospechas. La delicada salud de Zavarce también ayudó a facilitar el arreglo de la sucesión. El 27 de febrero de 1877, se celebraron en el Congreso los escrutinios finales que confirmaron el triunfo de Linares Alcántara quien se juramentó el 2 de marzo. Luego, nombró un gabinete en su mayoría compuesto por civiles y en el que figuraban: Laureano Villanueva en Relaciones Interiores, quien actuaría como virtual mentor político del nuevo presidente; Raimundo Andueza Palacio en Relaciones Exteriores; José Eusebio Acosta en Guerra y Marina; Vicente Amengual en Fomento; Adolfo Urdaneta en Hacienda; Manuel Hernández Sosa en Obras Públicas; Juan de Dios Monzón en Crédito Público y José de los Santos Escobar en la gobernación del Distrito Federal. El 6 de marzo, el Ejecutivo dirigió una alocución al país, en que fijaba como meta seguir desarrollando «...próspera y fuerte, la Regeneración de la Patria; [...] obra que debemos al talento y al patriotismo del Ilustre Americano...». El mismo documento aludía también al papel de control que, sobre el gobierno, ejercería «...una prensa libérrima que corresponda a la dignidad de un pueblo regenerado...» y calificaba al Parlamento como «aliado de la Prensa», reconociéndole la facultad constitucional de «...detener al gobierno cuando va por vías torcidas...». Tales manifestaciones, como lo señala el historiador Manuel Alfredo Rodríguez, «...comenzaron a sembrar inquietudes en los ánimos del Ilustre Americano y de los más suspicaces de sus áulicos...» El gobierno de Francisco Linares Alcántara, en los escasos 18 meses de su duración, fue un período cuyas metas estuvieron orientadas hacia lograr una apertura política, calificada como «democrática», de permitirle a los estados un mayor papel en el control del gasto nacional y de abolir parte de la legislación promulgada durante el anterior gobierno de Antonio Guzmán Blanco (1870-1877). Símbolo de este clima de apertura y del respeto por los derechos individuales, fue el decreto del 24 de mayo de 1877 (núm. 2.051), llamado Decreto de la Paz, el cual permitía el regreso a Venezuela de los exiliados políticos. De igual forma, la proposición para un decreto de amnistía general con la liberación de todos los presos políticos, el cual fue aprobado por los diputados en la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1878 (ya muerto Linares Alcántara), apuntaba hacia una mayor apertura que la que había imperado durante el Septenio guzmancista. Aunque el Congreso de 1877 fue responsable de un plan para permitirle a los 20 estados formar una compañía para explotar las minas de Oro de Guayana, logrando así abrir otra fuente de ingresos para las arcas, siempre vacías, de los diferentes estados, la decisión del Congreso de 1878 relativa a las obras públicas es lo que más se destaca del nuevo enfoque gubernamental. El decreto núm. 2.094, emitido por el Congreso el 15 de mayo de 1878, estipulaba que cada estado recibiría, del presupuesto nacional de Obras Públicas, la suma anual de Bs. 120.000 que sería aplicada a aquellas obras que las autoridades estatales consideraran como más beneficiosas para su respectivo estado; esto significaba un cambio radical con respecto al control centralizado de los proyectos de obras públicas llevado a cabo durante el Septenio. Si bien el decreto que pedía la demolición de las estatuas de Antonio Guzmán Blanco, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 19 de diciembre de 1878, después del fallecimiento de Linares Alcántara, es generalmente considerado como la culminación del proceso político iniciado con su ascenso al poder, sin embargo, mucho más indicativos del rechazo político hacia el gobierno del Septenio fueron los hechos siguientes: el decreto, aprobado el 18 de diciembre de 1878, que revalidaba la Constitución de 1864; las reformas que una comisión especial recomendó para la consideración del próximo Congreso; así como las propuestas de revisar la ley de septiembre de 1872 que había prohibido los seminarios y de devolverle a sus antiguos dueños los bienes eclesiásticos que habían sido confiscados. De hecho, el período de gobierno de Francisco Linares Alcántara marcó un proceso de reacción contra Guzmán Blanco que se inició, virtualmente, desde abril de 1877, con la publicación de varios periódicos, entre ellos La Prensa Libre de Puerto Cabello, o posteriormente, La Tribuna Liberal de Caracas que entablaron fuertes polémicas con La Opinión Nacional, vocero oficioso del guzmancismo. Numerosas hojas sueltas que circulaban en Caracas y en las principales ciudades del interior atacaban abiertamente la figura del Ilustre Americano, calificándolo de:«...insigne malhechor, ladrón, sacrílego, etc...». Los guzmancistas incondicionales acusaban la indolencia cómplice del gobierno que no hacía nada para impedir las circulación de estos pasquines. La chispa que generaría el incendio de la reacción fue el proyecto de honores al general Linares Alcántara, presentado ante el Congreso a iniciativa de Nicanor Bolet Peraza el 8 de mayo de 1877. A tenor del proyecto, se le concedería al presidente Alcántara el título de «Gran Demócrata». En esta oportunidad, varias intervenciones en la Cámara de Diputados se convirtieron en ataques directos a Guzmán Blanco quien optó entonces por ausentarse del país (19.5.1877). Los episodios de la reacción se fueron concretando: Decreto de la Paz del 24 de mayo de 1877; el regreso a Venezuela del ex arzobispo de Caracas Silvestre Guevara y Lira (7.8.1877); la reapertura del Colegio de Ingenieros, clausurado por el Ilustre Americano. A comienzos de 1878, una intensa campaña de glorificación al presidente Alcántara se unía a la solicitud del retorno a la Constitución de 1864 que extendía a 4 años la duración del período presidencial. A pesar de que la opinión pública discutía desde mediados de 1877 las posibles candidaturas para la sucesión presidencial, «No habrá elecciones» era el comentario del día. Los propósitos continuistas de Linares Alcántara se sumaban entonces al proceso de reacción contra Guzmán Blanco. La muerte repentina del «Gran Demócrata» (30.11.1878) no interrumpió este proceso que siguió Con el decreto del 18 de diciembre de 1878 que revalidaba la Constitución de 1864 y con el del 19 de diciembre que pedía la demolición de las estatuas de Guzmán Blanco en Caracas. Ante el vacío de poder que había dejado la muerte de Alcántara, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Caracas, acogió la proposición de Nicanor Bolet Peraza de elegir como primer designado al general José Gregorio Valera, un hermano del difunto presidente y como segundo designado al general Gregorio Cedeño, quien se desempeñaba como presidente del estado Carabobo (20.12.1878). Valera se encargaría del Poder Ejecutivo hasta tanto se celebrasen las elecciones. Pero los partidarios de Antonio Guzmán Blanco, dirigidos en esta oportunidad por Francisco González Guinán, lograron atraer a su causa al general Cedeño quien encabezó, el 29 de diciembre de 1878, la llamada Revolución Reivindicadora cuyo objeto era el retorno al país del Ilustre Americano y el fin de la aventura reformista iniciada por Francisco Linares Alcántara.
Ver tambien
Autor: MaryB. Floyd Bibliografía directa: Arestigueta Montero, Rafael. Para la historia: la administración Alcántara. Caracas: Imprenta de La Opinión Nacional, 1878; Bigotte, Félix E. La verdad, revelada. Caracas: Imprenta de Jesús María Soriano e Hijos, 1878; González Guinán, Francisco. Mis memorias. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1964; Linares Alcántara, Francisco. El ejecutivo nacional a los venezolanos. Caracas: Imprenta Nacional, 1877;--. Mensaje del Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela, presentado a la Legislatura Nacional de 1878. Caracas: Imprenta de La Opinión Nacional, 1878.